Desde el Frente Riojano de Organización popular estamos convencidxs de que es el momento que el Gobierno provincial asuma que garantizar el acceso a la Salud Pública es un deber del estado y un derecho de todos y todas.

Por años se peleó desde los pueblos para que educación, salud, vivienda y trabajo sean considerados derechos esenciales, por lo tanto es el estado quien debe garantizar su cumplimiento.

Cuando hablamos de salud o educación consideramos que no se puede hablar de gasto o pensar en términos de conveniencia económica, en ese punto el primer responsable de la situación actual de la salud claramente es el estado.

Es importante destacar que, si bien no es este Gobierno provincial el que ha llevado a la salud al estado en el que se encuentra actualmente, el actual gobernador Sergio Casas es parte del proyecto político que gobierna la provincia desde hace 36 años y es responsable de no modificar los lineamientos políticos tendientes a vaciar la salud pública provincial.

Interpelamos al Gobierno a que brinde una respuesta concreta y clara respecto del proyecto que tienen para la salud pública, desarrolle de inmediato un plan de recuperación de este servicio esencial en el interior, detenga el éxodo de profesionales de la salud, porque hay personal, lo que falta es infraestructura, garantizarles un sueldo digno y equipamiento para desempeñar su tarea.

Por otra parte, desde el FROP queremos reivindicar a las médicas y médicos que prestan servicios en salud pública, ya que son profesiones que históricamente en nuestro país y en latinoamérica pertenecían a un sector social que no muchas veces se moviliza en defensa de sus derechos. Son sectores sociales que suelen tener garantizado el acceso al trabajo, la educación, y que sean ellos quienes le ponen el cuerpo a esta lucha, no solo por la cuestión salarial sino por la salud pública en general, es reivindicable.

Lo que estamos analizando es que hay una situación de crisis generalizada que ya no depende del sector social al que uno pertenece, sino que estamos perdiendo los derechos adquiridos a fuerza de lucha.

Es el estado quien debe garantizar el acceso a una salud pública de calidad.